Cuando a finales del año 2.016 se aprobó la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, algunas voces cuestionábamos ciertos aspectos de la misma que considerábamos, y el tiempo nos ha dado la razón, que flaco favor iban a hacer a la atención de estas personas.

Cuando la ley hablaba de la respuesta que ofrecería a las personas que requiriesen atención residencial, se mencionaba que todo aquel centro que quisiera atender a personas dependientes acogidas a la ley debería de acreditar su centro; es decir, no es suficiente con obtener la autorización de funcionamiento, ó con cumplir todos los requisitos arquitectónicos, de personal y servicios, sino que además habría que estar acreditado. No se especificaba entonces cómo iba a funcionar la acreditación, pero se entendía que, para trabajar con clientes públicos, habría que ofrecer más y mejores servicios. Afortunadamente, once años después de la aprobación de la Ley, son pocas las Comunidades Autónomas que han intentando poner en marcha sin éxito criterios de acreditación.

Sin embargo, en muchas de nuestras Comunidades se está produciendo una acreditación encubierta a la hora de concertar plazas con la iniciativa privada, con ó sin ánimo de lucro, ya que exigen unos mayores requerimientos de personal y de servicios para atender a estas personas.

Es decir, en estas Comunidades Autónomas, en un mismo centro residencial, se produce la paradoja de que una persona dependiente grado III, si dispone de recursos, y está pagando íntegramente el precio de la plaza residencial, tiene unos requerimientos de personal de atención inferiores a los de una persona que accede al centro mediante una plaza cofinanciada por la Administración. Pudiera darse además el caso de que estas personas estuvieran compartiendo habitación.

No parece una medida ni lógica, ni razonable. Las necesidades de las personas dependientes serán las mismas en función de su perfil, no en función de sus recursos. A mismas necesidades, mismos requerimientos.

Si nuestros gestores de lo público entienden, -y en eso podemos estar de acuerdo-, que en determinadas comunidades para ofrecer una buena atención sociosanitaria hay que incrementar los ratios de personal y los servicios que se prestan, que se regule, y se exija a todos los centros residenciales, independientemente de quien pague la plaza.